Sobre este episodio
Santiago González comenta el vergonzoso juicio de Rubiales y el origen socialista del hotel que María Jesús Montero quiere derribar. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la expropiación y la posterior demolición del Hotel del Algarrobico, cuya construcción fue paralizada en 2005 por violar supuestamente la Ley de Costas. Sin embargo, lo que ahora se presenta como un acto de "justicia medioambiental" por parte del PSOE no es más que el desenlace de un vericueto legal que el propio partido contribuyó a crear desde su delegación andaluza. En concreto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido la encargada de anunciar la medida, olvidando que ella misma formaba parte del Ejecutivo andaluz que, en su momento, dio luz verde a lo que ahora ha calificado como "símbolo de la depredación inmobiliaria".El Gobierno expropiará el hotel Algarrobico para derribarloPaco Cobos De hecho, la construcción de El Algarrobico no fue un accidente ni un malentendido legal: fue fruto de la connivencia entre las administraciones socialistas que priorizaron el desarrollo urbanístico sobre la protección del medio ambiente, mientras que ahora el PSOE intenta erigirse como defensor del litoral almeriense, no puede ocultar su papel en el origen del problema, en el que participó la actual ministra de Hacienda, que en su día respaldó el proyecto desde la Junta de Andalucía. El anuncio de la expropiación llega tras seis años de gobierno socialista en los que los socialistas no habían puesto en el foco la necesidad de demoler el edificio y avanzar hacia la reestructuración medioambiental del litoral almeriense. Es en estos momentos, pocos meses después de que Montero se haya erigido como secretaria general de los socialistas andaluces el Ejecutivo decide actuar, a pesar de que la propia Junta de Andalucía, actualmente en manos del PP, había instado repetidamente al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir con su parte del acuerdo alcanzado en el año 2011 --al que llegaron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Ejecutivo regional socialista--, cuando se estableció que la demolición sería competencia del Estado y la retirada de escombros recaería en la administración autonómica.
